Sobre Alameda del Mar

Artículo de opinión de José Aix, Vicealcalde de Orihuela y concejal de Urbanismo

La aprobación en Pleno de la modificación puntual del plan parcial de Alameda del Mar, comúnmente conocido como Cala Mosca, ha generado una lógica y saludable inquietud entre los oriolanos. Que nuestros vecinos opinen, quieran saber y se preocupen por este expediente es el síntoma inequívoco de que la Orihuela de 2021 es una ciudad viva, inquieta, comprometida y exigente con sus representantes públicos, pero, al mismo tiempo, es conveniente que desde el Gobierno Municipal –y en mi caso como concejal de Urbanismo y Planeamiento- expliquemos lo que se ha aprobado y por qué se ha aprobado, despojando nuestra reflexión de las connotaciones malintencionadas  que la izquierda local pretende instalar en el debate público. Son cuatro, principalmente, los argumentos que fundamentaban la propuesta de acuerdo y que trataremos de explicar con la máxima claridad:

1. No es un expediente nuevo
2. Se asegura la protección de especies y de los restos arqueológicos.
3. Se garantiza la ejecución de infraestructuras.
4. El Ayuntamiento de Orihuela queda eximido de responsabilidad patrimonial.

2 de mayo de 1995. Esta es la fecha en que fue aprobado el Plan Parcial de Alameda del Mar, pero ya cinco años antes, en 1990, el Plan General de Ordenación Urbana clasificaba el sector D-1 como suelo urbanizable programado. Nos encontramos, por tanto, en la parte final de un expediente complejo que afecta a un sector física y jurídicamente consolidado en el que se incluyen múltiples informes de distintas áreas municipales y en el que los propietarios del sector, como podemos comprobar haciendo un análisis diacrónico, han cumplido con todas las fases de planeamiento y gestión que exigen la normativa urbanística autonómica y estatal.  Insistimos, pues, en que lo que se ha aprobado no es algo nuevo, sino que lo que hacemos con esta modificación puntual no es más que preservar las especias protegidas de flora y fauna detectadas en la zona, la jarilla cabeza de gato y la tudorella mauretanica, respectivamente, y culminar un procedimiento administrativo del que han participado todos los partidos políticos que han gobernado nuestra ciudad en los últimos veinticinco años. De igual manera se impone al agente urbanizador la obligación de ejecución de las medidas propuestas en el informe de la Técnico Municipal de Patrimonio, así como cualquier otra que pudiera ser impuesta por la administración valenciana.

Puestos a contarlo todo, sería saludable que Carlos Bernabé y Javier Gracia, ediles de Cambiemos, los mismos que no han hecho más que intoxicar la opinión pública, contaran que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Elche hace poco más de un año ya les quitó la razón en su intento de paralizar esta iniciativa.

Como debe ser en un proyecto de esta envergadura, los urbanizadores deberán también implementar a su cargo todas las infraestructuras necesarias, tales como una pasarela peatonal o medidas de protección acústica y, de igual manera, tampoco se aprobará el proyecto de urbanización de esta unidad de ejecución hasta que quede acreditada la garantía de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores del sistema público de saneamiento y depuración de aguas. En resumen, no se concederá ninguna licencia de edificación si no existe plena seguridad de que los servicios necesarios quedan previamente habilitados. 

Retomando la idea central de nuestra tesis -la consolidación del sector-, una novedad decisiva en el acuerdo adoptado es que este equipo de gobierno salvaguarda los intereses de los oriolanos ya que el Ayuntamiento de Orihuela queda eximido de cualquier responsabilidad patrimonial que pudiera estar causada. 

Escucharán y leerán insinuaciones y acusaciones de Cambiemos, verán que la portavoz socialista se sumará al carro de estos en lugar de decir públicamente que sus compañeros socialistas de Valencia han dado el visto bueno a esta iniciativa y están metiendo prisa para que se apruebe el proyecto de urbanización, pero, más allá de consideraciones personales de quien suscribe este artículo, más allá de consideraciones políticas que unos y otros hemos esgrimido, hoy catorce concejales hemos levantado la mano para proteger el medio ambiente, para favorecer la actividad económica y el empleo en nuestro municipio, para no hipotecar el futuro de nuestra ciudad y para exigir que las cosas se hagan conforme la ley impone. Otros, tristemente, la han levantado para lo contrario.