Los municipios en la comarca con más de 20.000 habitantes donde está prevista su implantación son Torrevieja, Orihuela, Rojales, Pilar de la Horadada, Almoradí, Callosa del Segura y Guardamar del Segura
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas destinará 2,3 millones de euros para la puesta en marcha el próximo año de unidades de apoyo y atención específica a las personas con diversidad funcional y trastornos de salud mental en 30 municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Alicante.
La directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert, ha explicado que se trata de una apuesta de la Conselleria por impulsar una red asistencial “más próxima y más cercana” al entorno familiar y laboral de estas personas, que les permitirá seguir viviendo en su domicilio y evitar o retrasar la institucionalización en un centro.
Elena Albert ha recordado que en el Plan de Atención Integral a las Personas con Trastorno Mental Grave 2018-2022, suscrito por la Vicepresidencia y por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, se establecía la necesidad de impulsar políticas de apoyo a este colectivo desde una perspectiva integral que permita la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación.
En este sentido, desde Igualdad se ha planteado una modificación del Estatuto de las Personas con Discapacidad de manera que se pueda trabajar con las entidades locales la realización de prestaciones asistenciales de carácter doméstico, psicológico y de mediación a las personas con problemas de salud mental y a su entorno familiar.
Para el desarrollo de este nuevo servicio comunitario está prevista la contratación de 154 personas pertenecientes a diversas categorías profesionales para trabajar con las personas usuarias y poderles acompañar en los distintos itinerarios individualizados que se hagan de cada una de ellas.
Los municipios de más de 20.000 habitantes donde está prevista su implantación son Alicante, Elx, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoi, San Vicente del Raspeig, Elda, Denia, La Nucía, Vila Joiosa, Petrer, Villena, Santa Pola, Crevillent, Campello, Xàvia, Novelda, Mutxamel, Rojales, San Juan, Ibi, Calpe, Altea, Pilar de la Horadada, Almoradí, Asp, Alfàs del Pi, Callosa del Segura y Guardamar del Segura.
El objetivo, ha explicado la directora general, es la permanencia de la persona en su núcleo familiar o convivencial garantizando “los instrumentos necesarios para fomentar su autodeterminación así como su desarrollo social, educativo y laboral”.
Para ello, estas unidades contarán con un conjunto de prestaciones de carácter psicosocial orientadas a la prevención de recaídas y de la cronicidad y a promocionar la autonomía personal, evaluando previamente las necesidades de cada caso.
Elena Albert ha indicado que desde la Conselleria se están trabajando varias propuestas que ya se han presentado a las entidades locales para su valoración, y que tienen a las personas con diagnóstico de trastorno de salud mental grave como “objetivo prioritario”, siempre que lo más conveniente para ellas sea mantenerse en su entorno.
En total, para toda la Comunidad Valenciana está prevista una inversión de 5,8 millones de euros para estas unidades que permitirán la contratación de 372 profesionales.
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