“Los hombres se sienten molestos no por las cosas que les suceden, sino por las ideas que tienen acerca de las cosas…”
Epícteto
Creo que merecen la pena algunas reflexiones (más allá del ruido) sobre la movilización contra la Ley del Plurilingüismo, movilización, por cierto, que ésta gozando de un llamativo apoyo institucional (incluyendo publicidad y dinero público) por parte de agentes como el alcalde de Orihuela o su concejal de Educación, que brillan por no haber movido un dedo contra -incluso haber apoyado- los salvajes recortes contra la educación pública (y que incluso aplaudían el plurilingüismo que el PP promovía hace escasos años). No obstante, creo también que debemos hacer un análisis más fino -y empático- con lo que está sucediendo en la Vega Baja. Ciertamente, hay algunas familias y sectores del alumnado o profesorado genuinamente preocupados por -o enfrentados a- la ley de plurilingüismo y cuyas posiciones, más allá de mis discrepancias, son plenamente legítimas. Como cierto es que hay tres partidos políticos de (extrema) derecha: PP, C’s y VOX que tienen intereses estratégicos muy evidentes en esta movilización (tres partidos, por cierto, cuyo programa económico, especialmente en lo fiscal, es incompatible con una educación pública de calidad).
Por tanto, creo que debemos evitar dos errores: por un lado, no caigamos en la tentación facilona de reducir la movilización contra el plurilingüismo a un fenómeno exclusivamente “de derechas” (alguna de la gente que acudirá, y que en algunos casos aprecio muchísimo, me consta que no se identifica, ni lo hará, con esos partidos); como tampoco debemos caer -especialmente alguna de la gente que simpatiza con la movilización- en el engaño de creer que las (extremas) derechas no tienen nada que ver ni se benefician con el auge y magnificación del rechazo al plurilingüismo.
A partir de aquí, algunas ideas para el debate. La primera es que no debiéramos perder de vista que la calidad y viabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela pública tiene retos y amenazas mayores, especialmente los recortes y falta endémica de recursos (retos que no deben servir para rehuir la cuestión lingüística, pero que tampoco debieran ser ocultados por ella). La otra es que la viabilidad (y utilidad) de una ley, no la determina lo que rece su texto literal, sino la capacidad que tenga esa ley para suscitar apego y cohesión por parte de la población (nota para PP-C’s-VOX, este argumento vale lo mismo para una ley de plurilingüismo que para una Constitución). Así que, si esta ley corre el riesgo de tener, si no una clara mayoría social, sí una parte amplia de la población (y, lo más importante, numerosas instituciones locales) en contra, cabe la posibilidad de que ésta se vea limitada para alcanzar sus loables objetivos. Porque, quiero pensar, aspirar a que cualquier estudiante tenga competencia lingüística en las dos lenguas cooficiales y funcional en una extranjera es algo que nadie rechaza, salvo que sufra alguna suerte de acomplejamiento identitario.
Creo, por tanto, que no sería ningún síntoma de debilidad o error -antes bien al contrario- que desde los sectores progresistas en general y el gobierno valenciano en especial, asumir que estamos ante un problema de índole político, que no puede ser abordado únicamente por la vía legal-administrativa (diantre, esto me suena). Por tanto, quizá deba haber lugar alguna forma de escucha y diálogo político para comprender algunas de las resistencias a la ley, así como analizar en qué tramos (tanto de su redacción, como su interpretación o aplicación) ésta puede ser mejorada. Algo que, creo, también sería útil para facilitar el trabajo de los no pocos docentes, madres, padres y equipos directivos de la Vega Baja que, pese a la invisibilidad a que les condenan los poderes fácticos comarcales, sí están a favor del plurilingüismo y aprecian su potencial pedagógico y cultural. Así, por ejemplo, quizá se pueda reflexionar sobre los plazos de aplicación previstos en la disposición transitoria primera, para que éstos se hagan cargo de la realidad de la Vega Baja, donde el PP consolidó un proyecto identitario de distanciamiento de la lengua que se traduce en falta de recursos para aplicar esta ley de forma sencilla; o asegurar el pleno desarrollo del artículo 12, que aborda el necesario apoyo a la comunidad educativa, especialmente en zonas de mayoría castellanoparlante para la aplicación de la ley. Un artículo que podría ser muy útil para la Vega Baja pero que, a la vez, recuerda un poco a los refuerzos y apoyos previstos en la ley de uso y enseñanza del valenciano de 1983 y que, por desgracia, nunca se implementaron en su totalidad (cosa sobra la que el viejo lermismo debería reflexionar, por cuanto contribuyó a una desvertebración que, en esto, también se nota).
Ahora bien, ese diálogo político constructivo también debe operar en y desde el sur. En la Vega Baja, aquella parte de la comunidad educativa que se siente genuinamente preocupada por la ley, tal vez deba desarrollar cauces de movilización por encima del ruido. Sería bueno que lograran independizarse de las estrategias políticas de algunos partidos (y, desgraciadamente, algún AMPA) que están intentando apropiarse de la movilización, no porque les preocupe la educación o o la aplicación del plurilingüismo en la Vega Baja, sino el asalto del poder en la Generalitat Valenciana.
En todo caso, es evidente que lo que aquí se está dirimiendo no es sólo (ni siquiera principalmente) un problema legal o pedagógico en torno al plurilingüismo, sino una cuestión identitaria. Buena prueba de ello es que pocas veces ha habido quejas tan potentes respecto al plurilingüismo en inglés (claro, es la lengua de los ‘coach’, ‘da money’ y lo ‘cool’), como tampoco hubo quejas por parte de -la mayoría de- los sectores que hoy protestan cuando el PP tonteó con la idea de ‘imponer’ el chino-mandarín en las aulas. Y eso significa que bajo esta polémica late y subyace un debate netamente español: la identidad o idea de España que acepta, cuida y quiere proteger la diversidad lingüística en base a su riqueza y oportunidades, o la idea de España que pretende borrarla y confrontarla por sus supuestas ‘incomodidades’. Sería absurdo pensar que lo que está sucediendo en la Vega Baja es ajeno o independiente al contexto político estatal. Reconocer esto, el papel que aquí juegan las identidades no es un mensaje contra la gente que se moviliza frente al plurilingüismo, sino un toque de atención para quienes defendemos nuestras dos lenguas en el marco de una España plural y con derechos: esto no va de tener razón técnica, legal o pedagógicamente, esto va de saber construir un acuerdo político. Y en ello, tendremos que saber cómo medir -y transformar- las fuerzas y equilibrios, también los de la Vega Baja.
Carlos Bernabé Martínez
Psicólogo y Concejal de Cambiemos Orihuela
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