LA UNIÓ de Llauradors considera que el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que desde el Gobierno central se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, es totalmente insuficiente y las cantidades que podrían llegar para los agricultores y ganaderos afectados son realmente “ridículas”.
La normativa aprobada únicamente contempla un presupuesto de 13 millones de euros para el sector agrario de todas las comunidades autónomas afectadas y además vinculado al sistema de seguros agrarios. Luego se incluye como siempre en este tipo de catástrofes la exención del IBI -vinculada también al seguro-, la moratoria de las cuotas de la Seguridad Social, rebajas de módulos y subvención a los avales de SAECA. A juicio de LA UNIÓ se trata de medidas insuficientes para dar una respuesta adecuada a la magnitud de los daños ocasionados por la gota fría.
Para paliar la pérdida de renta sufrida por agricultores y ganaderos, LA UNIÓ propondrá algunas actuaciones al Gobierno. En este sentido, solicitará que la totalidad de la franquicia de los seguros agrarios en los daños indemnizables producidos por un siniestro tan extraordinario como el de esta última gota fría provenga de los fondos del Gobierno del Estado, lo mismo que por ejemplo sucede con el caso de los daños en una vivienda.
Esta organización agraria también reclamará una línea de ayudas específica para el cultivo de hortalizas, muy implantado en la comarca de la Vega Baja pero donde el índice de aseguramiento no pasa del 7%. También considera que hay que apoyar al colectivo de ganaderos puesto que la retirada de cadáveres de animales no queda contemplada tampoco en las ayudas gubernamentales.
A juicio de Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ “aquellas producciones de explotaciones agrarias con un bajo índice de aseguramiento como consecuencia de una inadecuación del seguro agrario combinado con respecto a la realidad del cultivo y necesidades de los productores, tal y como ocurre con ciertos cultivos hortícolas, deben beneficiarse de las ayudas establecidas en el Real Decreto-ley”.
Carles Peris señala que “el Gobierno dice que lo asegurable no es indemnizable y que no da más ayudas porque ya tenemos el seguro agrario, pero olvida que hay muchas líneas que no se contratan porque el seguro no se ajusta a la realidad y resulta poco útil”. Peris insiste en la contradicción del Gobierno ante este tipo de catástrofes o sequías u otras circunstancias extraordinarias “al escudarse con el hecho de no dar ayudas excepcionales porque ya está el seguro y luego decir que hay que ajustarlo y subir las tarifas o rebajar las coberturas porque en estos últimos años se han tenido que pagar situaciones extraordinarias”.
El secretario general de LA UNIÓ concluye con rotundidad que “si el Gobierno no desea dar ayudas excepcionales debe apostar por tener un seguro agrario que realmente sea una respuesta justa y eficaz a este tipo de situaciones y hoy por hoy, no lo es, al menos en todos los casos”.
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