La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido paralizar este martes el desahucio de un matrimonio sexagenario que reside en la calle Santa Otilia de Orihuela y que, pese a su nacionalidad argelina, son conocidos como Pedro y María.
La historia de ambos comienza cuando llegan a Orihuela hace 26 años y compran sus dos primeros pisos para instalarse junto a seis hijos e incluso algún nieto. En años posteriores, y por diversas circunstancias, la pareja llegó a ser titular de tres pisos y a acumular una hipoteca cercana a los 300.000 euros, llegando a pagar mensualmente hasta 1.500 euros en los años 2007 y 2008, hasta que en mayo de 2008 deja de pagar al banco. No trabajan desde el 2010, actualmente carecen de ingreso alguno y sobreviven con ayudas de sus hijos, que han buscado otros alojamientos, incluso en el extranjero.
Tras perder ya dos viviendas, la situación por la tercera ha llegado a afectar físicamente a Pedro, quien ha estado ingresado una semana en el hospital.
Casi un centenar de personas pertenecientes a PAH de distintas ciudades de la comarca e incluso de la provincia, se han dado cita a primera hora a las puertas de la vivienda para evitar la actuación de la comisión judicial que tenía anunciada su llegada a las 10.30 horas.
Finalmente, y casi media hora después, los integrantes de dicha comisión judicial han llegado hasta las inmediaciones de la calle, pero ante la presencia de los miembros de las PAH , han decidido no acceder a la vivienda y ejecutar la orden de alzamiento.
Desde este colectivo, José Andrés Berná, ha anunciado que la entidad bancaria ha propuesto un alquiler social de 80 euros para esta familia, pero advierte que no será aceptado. Para Berná, “sigue siendo una estafa, el que te traigan un contrato para vivir de alquiler mientras existe un procedimiento judicial abierto, y ni lo podemos permitir porque se le sigue reclamando la deuda de esa vivienda”. Lo que la PAH va a proponer en este caso es una condonación de la deuda “porque si se quedan con la vivienda se supone que se dan por cobrados”, según Berná, quien ha anunciado que finalmente, Cajamar da un plazo hasta el 13 de enero para negociar y conseguir “soluciones satisfactorias para esta familia”.
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