Orihuela

La Audiencia autoriza el acceso a las fincas de La Murada con basura enterrada para comprobar el riesgo de los lixiviados

El alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, ha dado a conocer el Auto de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Elche en el que se atiende el recurso del Ayuntamiento y se autoriza la entrada en las parcelas de la finca ‘Lo Sigüenza’ y el nombramiento de peritos para comprobar “el riesgo existente de verter en el cauce alimentario productos agrícolas tóxicos” tras los enterramientos de basura que han podido haber originado la aparición de lixiviados.
Guillén ha considerado que “hemos perdido tres años porque esto se tendría que haber hecho hace tiempo, para que, de una vez por todas el tema quede zanjado”.
Tras dar a conocer el auto, ha anunciado el nombramiento por parte del Ayuntamiento del peritaje que se encargue de realizar la inspección y los análisis necesarios y que este auto se enviará al juzgado de lo contencioso administrativo de Elche, donde se dirime el cierre del vertedero de Proambiente en la parte de Orihuela. También ha abogado porque  “de una vez por todas la Generalitat toma medidas y ordena la limpieza de los terrenos afectados”.
Guillén la ha calificado como «una buena noticia que puede ayudar a resolver esta cuestión enquistada desde hace mucho tiempo y que contribuya a la limpieza de un terreno que nunca debería heberse visto afectado por la barbarie de aquellos que abocaron allí tantos residuos de todo tipo, hasta hospitalarios».

El alcalde ha hecho un repaso de la iniciativa municipal desde que se descubrió que se estaba replantando la finca ‘Lo Sigüenza’, donde se había enterrado la basura. Entonces se remitieron sendos escritos al juzgado los días 15 y 26 de junio de 2012 solicitando la adopción de medidas cautelares y la paralización de los trabajos de replantación para que se pudiera proceder a la retirada de los residuos y restaurar el terreno afectado mientras el Ayuntamiento, de acuerdo con el juzgado, realizaba prospecciones en el terreno.
De acuerdo con el relato del alcalde, “más de un año después”, el 24 de octubre de 2013, el juzgado denegó esta medida cautelar porque, según argumentó, «ya había transcurrido mucho tiempo y existían medidas menos gravosas que la paralización de las tareas de replantación», aunque, como ha asegurado el primer edil, “no adoptó ninguna”.

Ante esta decisión, se interpuso un recurso de reforma reiterando la solicitud de medidas cautelares y pidiendo la entrada en la finca para realizar análisis toxicológicos, pero ese recurso también fue desestimado por el juzgado porque, según aseguró en un nuevo auto, no se acreditaban las parcelas y no parecía clara la peligrosidad de los vertidos.
Finalmente, el 21 de febrero de 2014 el gobierno local interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que decidió el pasado 8 de mayo aceptar la petición del Ayuntamiento y permitir la entrada en la finca.

 

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