La paralización de la actividad comercial diaria ha convertido la pandemia del coronavirus no solo en un asunto sanitario inquietante para la población, sino en un problema económico de gran envergadura que obligará a tomar medidas desde las distintas administraciones.
Ya hay víctimas entre las empresas alicantinas que están solicitando un Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para hacer frente a la situación. La provincia de Alicante registra a fecha de este lunes un total de 3.587 expedientes presentados que afectan a 29.495 trabajadores. Por desgracia, todo apunta a que estas cifras van a continuar creciendo.
Por sectores, casi un 94% del total de expedientes presentados corresponde a Servicios, con la hostelería y el comercio a la cabeza. Le sigue Industria, con casi un 4% del total; Construcción, con un 2% y, Agricultura, con un porcentaje mínimo de ERTE. La duración media solicitada en estas suspensiones de contratos es de 90 días, si bien, en su mayoría, van asociadas a la duración del estado de alarma.
En Orihuela y la Vega Baja en general, tan solo se salva de este desalentador panorama el sector agroalimentario y la construcción, pero particularmente el primero ha experimentado una consolidación e incluso aumento de ventas, sobre todo en la exportación, como destaca el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela, Mario Martínez: «La agricultura y la ganadería son claves frente a la pandemia para garantizar el suministro de alimentos a la población y ambos sectores conforman una industria potente muy implantada en nuestra zona que sigue trabajando».
Pese a los problemas que supone ahora exportar a países como Italia o China, los más afectados por la pandemia, la Cámara oriolana viene registrando una mayor demanda del certificado de origen, necesario para la exportación, algo que sorprende al responsable de la institución oriolana. Martínez explica que desde el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, «analizamos qué productos son los que estamos vendiendo y los países que nos estan comprando más».
Salvando la agricultura por el momento, la institución cameral reclama todas las ayudas posibles para los sectores más perjudicados, pero Martínez echa en falta una respuesta contundente de Europa, «movilizando capital y líneas de crédito para afrontar esta importante crisis económica y apoyar al tejido productivo». Con respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno de España, con 100.000 millones de euros en líneas de avales, «habrá que esperar a la reacción de los bancos y ver a qué empresas están dispuestos a conceder ese crédito, porque es una situación tremendamente complicada».
Ante las muchas dudas que esta inesperada situación representa para el comercio y la industria, el presidente de la Cámara apuesta por la congelación de impuestos y tasas, «ya que se ha parado la actividad en la mayor parte de los sectores», a lo que sumaría la paralización temporal del cobro de la cuota a los autónomos. Como indica, «serían unas medidas encaminadas a montar un puente entre los meses de marzo y julio, porque el próximo trimestre ya está perdido y hay que tratar de minimizar ese grave impacto económico».
Para Martínez, una vez asumida esta situación, «tenemos que pensar lo que esto supone y reaccionar, solicitando aplazamiento de pagos y créditos pero también preparando un plan de futuro». En este sentido, lanza un mensaje de confianza y de esperanza, «porque lo que estamos viviendo es temporal» y apuesta por poner en marcha un plan de choque para actuar a partir del mes de julio. «Mientras tanto y durante estos meses, se debe intentar proteger la parte humana de la empresa», concluye el presidente de Cámara Orihuela.
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