La ex alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente y el ex concejal de Infraestructuras, Antonio Rodríguez, han sido condenados a una multa de 2.700 euros y a nueve meses de suspensión de empleo o cargo público, tras quedar demostrado que cometieron un delito de falsedad documental cometido por autoridad o funcionario público por imprudencia grave.
El Juzgado de lo Penal 3 de Orihuela dicta esa condena del juicio celebrado contra ambos, acusados por adjudicar las obras de mejora de la plaza del Centro Social en la pedanía de El Escorratel, sin haber concluido la tramitación del preceptivo expediente administrativo; plaza que fue inaugurada el 4 de julio de 2008
La sentencia recoge que las obras fueron adjudicadas por 34.000 euro y ejecutadas por la empresa ‘Ronis’2 Construcciones y Reformas’, con la que se firmó el contrato el 26 de julio, “antes de que por junta de gobierno se hubiera acordado ningún tipo de adjudicación contractual ni que, por lo tanto, se hubiera formalizado el correspondiente contrato (…) por una de las tres empresas a las que se había cursado invitaciones en el procedimiento negociado sin publicidad”.
Entre otras consideraciones, la sentencia que condena a Lorente y Rodríguez, alude al “comportamiento gravemente negligente” de la alcaldesa, “ya que no adoptó las medidas más básicas que hubieran evitado la redacción del mismo, puesto que, entre otras circunstancias, con la mera lectura del contrato, hubiera podido constatar que el mismo se refería a la ejecución de obras ya realizadas”.
Los comentarios están cerrados.