A los vecinos de la urbanización Montepinar se les ha agotado la paciencia porque no ven cerca el final de las obras del Plan de Reforma Interior (PRI) para que el Ayuntamiento de Orihuela recepcione unas 300 viviendas de propietarios que solo quieren poder disfrutar de los servicios con los que cuenta cualquier otro oriolano.
«Intentamos vivir de la mejor forma posible, pero no podemos», como asegura Manuel Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos de Montepinar, una zona a espaldas de la sierra y a 7 kilómetros del centro urbano en la que se fijaron algunos oriolanos allá por el año 1976 para adquirir una parcela en la que construir su vivienda algún día.
El PRI comenzó en 2009 tras ser aprobado en el Pleno; con unas obras que suponían algo más de 10 millones de euros a desembolsar por los vecinos, que han llegado a pagar entre 20.000 y 50.000 euros por propiedad, en algunos casos. Estos han pedido al Ayuntamiento que se revisen las cuotas abonadas a la empresa urbanizadora porque creen haber pagado de más por unas obras que aún no han acabado.
En el año 2013 fueron recepcionados por el Ayuntamiento el suelo, las aceras y el alumbrado público, «pero nada más. Y llevan cinco años sin hacer nada porque el Ayuntamiento empezó la casa por el tejado sin la documentación para expropiar los terrenos necesarios para las actuaciones pendientes».
Suárez explica que la urbanización está prácticamente terminada, pero es en la parte exterior donde quedan por hacer esas actuaciones para suministrar servicios como alumbrado y saneamiento. Pese a que, desde finales de 2018, la línea eléctrica de media tensión está terminada, conectada y probada, un problema de soterramiento que no afecta a Montepinar, «porque aquí ya hemos pagado ese soterramiento», mantiene la línea sin servicio.
Viviendas ‘alegales’
Uno de los principales problemas que sufren muchos de estos vecinos es que se les ha permitido inscribir sus terrenos en el Registro de la Propiedad, pero no sus viviendas por falta de documentación que debe aportar el Ayuntamiento y que no cumple con la Ley Hipotecaria.
La consecuencia de esta situación es que no disponen de cédula de habitabilidad y eso les impide dar de alta servicios tan básicos como el suministro eléctrico y de agua potable. Ante esta situación, son numerosas las viviendas ‘enganchadas’ a sus vecinos para disponer de estos suministros, con cables que pasan de unas casas a otras. Mientras tanto, Activa pudo comprobar que se están construyendo viviendas que, una vez finalizadas, no dispondrán de electricidad.
El problema del depósito de agua
Otra de las actuaciones pendiente es la puesta en marcha de un depósito de agua, «que está terminado desde hace cinco años, que nos costó a los vecinos 170.000 euros, y que no sabemos por qué no funciona».
Mientras que la instalación se deteriora con el paso del tiempo, los vecinos soportan cortes de agua llegando a estar varios días sin agua potable. También con roturas de tuberías internas en las parcelas debido a la diferencia de presión.
Pero la instalación supone incluso un peligro para los menores porque carece de un vallado que sí contemplaba el proyecto. Los tubos de aireación tienen una profundidad de 10 metros y, tras denunciar ese peligro, la respuesta de sus responsables ha sido colocar encima una piedra por toda protección.
A toda esta situación hay que sumar que los postes y cables de la línea telefónica siguen discurriendo por todas las calles de la urbanización; que no reciben el correo y el proyecto no ha contemplado la instalación de los buzones que exige la normativa actual; que no disponen de servicio de fibra óptica por el silencio del Ayuntamiento a las empresas interesadas en la instalación; que las aceras son escasas y no cumplen con la normativa en cuanto a supresión de barreras arquitectónicas, entre otras muchas carencias. El presidente vecinal señala que «se nos han cobrado cosas que a fecha no están en las calles y que el Ayuntamiento debería de haber comprobado».
Los residentes confiesan estar «hartos de que se esté jugando con nosotros y con nuestro dinero» y han solicitado reunirse con el alcalde, los ediles responsables y técnicos. Según aseguran, «nos dan largas constantemente».
«Se supervisará todo»
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, califica de «comprensibles» todas las quejas de «mis» vecinos, porque se da la circunstancia de que posee una vivienda en la urbanización Montepinar.
Recuerda el primer edil que el Ayuntamiento «ha de ser respetuoso con los procedimientos y plazos» y, como asegura, «estamos haciendo lo que está en nuestra mano para concluir la obra y de la mejor forma posible».
Bascuñana se compromete con los vecinos a supervisar toda la operación, «detalle a detalle» y como señala, «seremos muy escrupulosos para que se cumpla el proyecto a satisfacción de los vecinos y que estos paguen lo estrictamente necesario, ni un euro más».
Sobre los problemas «enquistados» del suministro eléctrico y el depósito, el alcalde sostiene que están «en vías de solución»; que el primero está en su última fase, y el segundo, a punto de ponerlo en funcionamiento.
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