PSOE y Cambiemos Orihuela han anunciado su solicitud formal de una Comisión Extraordinaria en la que comparezcan los ediles de Hacienda, Personal y Fomento del Empleo para dar explicaciones sobre lo que considerar una grave negligencia en torno a la gestión de los Planes de Empleo EMPUJU y EMCUJU. Ambos planes, enmarcados en el sistema nacional de garantía juvenil, descansan sobre una subvención de más de un millón de euros que serviría para contratar a más de 60 jóvenes que, desde agosto pasado, están trabajando para el Ayuntamiento.
El pasado viernes estallaba la polémica al conocerse un supuesto error en la gestión de las nóminas y las cantidades de la subvención provocaría que, durante los próximos cuatro meses, las personas contratadas bajo este plan se vean forzadas a trabajar por nóminas mensuales que no superarían los 200€ o bien a asumir nóminas préstamo que los jóvenes trabajadores tendrían que devolver en el futuro.
Algo que Carlos Bernabé, concejal de Cambiemos, considera “intolerable”. Tal como ha indicado, “no se puede hacer caer sobra la espalda de las víctimas del problema la factura de una supuesta solución”. Un asunto que, según Bernabé “huele peor cuanto más pasan los días”. Por ello, consideran que la Comisión Extraordinaria es fundamental para que el gobierno local dé explicaciones. “Si el señor Almagro, la señora Galindo y el señor Valverde no tienen nada que ocultar deberían convocar esta comisión para depurar responsabilidades, aclarar desde cuándo y cómo son conocedores de este problema y, sobre todo, para explorar soluciones”.
Línea en la que ha insistido Carolina Gracia, portavoz del grupo Socialista, al recordar que, aunque el Plan se base en una subvención, “los contratos de las y los trabajadores no son una subvención, sino un contrato laboral que tiene que cumplir la ley y velar por los derechos de la gente contratada”. Por eso, como la portavoz socialista ha apuntado, “se pueden buscar soluciones a través de modificaciones, teniendo en cuenta la subida del salario mínimo o a través de otras vías que protejan los derechos de los más de 60 jóvenes contratados”.
Por último, ambos portavoces han insistido en la necesidad de que el gobierno local dé explicaciones en un foro formal, del que quede constancia documental por escrito. La solicitud de la comisión es vinculante y obligatoria para el gobierno pero, dado que estamos a final de legislatura, si el Alcalde agota los plazos, la solicitud quedaría sin efecto puesto que el próximo 14 de junio acaba la legislatura. Por ello, tanto Gracia como Bernabé han insistido en que el gobierno no debe agotar los plazos y demostrar que no hay nada que ocultar convocando la comisión la semana próxima.
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