“Irregular, injusto e inútil”, así resume Carlos Bernabé, coportavoz de Cambiemos Orihuela, el convenio firmado entre el alcalde de la localidad y el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana a comienzos del pasado mes de julio. Un convenio que califican como “la enésima chapuza del tándem Bascuñana-Almagro”. La formación ya denunció este proyecto en septiembre y ha retomado la ofensiva aportando nuevas informaciones y con una moción que elevarán al próximo Pleno solicitando la nulidad del convenio.
“Copago Urbanístico y desigualdad”
Cambiemos denuncia que el convenio permite, al vecino o empresa que así lo solicite, elegir si adherirse o no al mismo para obtener un Visado de Cualificación Urbanística que se tramitaría con mayor velocidad que el procedimiento ordinario de la licencia. “Pero hay truco”, porque según el edil, “la adhesión al convenio supone pagar al Colegio de Arquitectos el 0,4% del Proyecto de Ejecución Material, una cantidad que puede ser muy elevada en proyectos de envergadura media. En todo caso, ese pago deberá ser, como mínimo, de 300 euros más IVA para proyectos de uso residencial y 400 euros para otros usos. Esto supone mercantilizar el área de Urbanismo y provocar un trato desigual: si quieres y puedes pagar un sobreprecio, tienes derecho a un trámite agilizado, si no lo haces, tienes que ver como tu solicitud muere en un cajón”.
Pero no sólo eso, el edil ha revelado que existe una instrucción interna en el área de Urbanismo que “se dé prioridad (en la medida de lo posible) a la tramitación de las solicitudes de adhesión al convenio”. Bernabé señala que esto es “peligroso y quizá irregular” porque a su juicio supone un trato desigual ante la administración pública. “Lo que proponen PP-C’s es que si pagas a una entidad privada, como es el Colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento te cuidará más y, si no, te vas a la cola lenta, es terrible”, señala el concejal.
Ilegal e inútil
Lo curioso es que el Convenio se hizo para, tal como afirmó el alcalde, para dar mayor celeridad en la tramitación del procedimiento del otorgamiento de la licencia urbanística. Lo cierto es, señala Bernabé, que desde que el Convenio se tramitó en julio, se han adherido a él 77 solicitudes de licencia -algunas de ellas en los primeros días de aquel mes-, y ni una sola de ellas había obtenido el Visado de Cualificación Urbanística previsto en el acuerdo.
Cambiemos recuerda que, además, el convenio podría ser ilegal ya que se ampara jurídicamente en la Disposición 9ª de la LOTUP, donde se habla de las “entidades colaboradoras” que podrían operar bajo ese tipo de convenios. Denuncian desde el grupo municipalista que la propia disposición “habla explícitamente de la necesidad de un Decreto del Consell que todavía no ha aprobado”. Es decir, que “el Convenio se basa en una norma que no existe”
Anular el convenio y mejorar las condiciones del área de Urbanismo
Por ello, Cambiemos trasladará al Pleno una propuesta con tres objetivos. “Primero, anular inmediatamente este convenio-chapuza; segundo, revisar su aprobación y aplicación por si se hubieran cometido irregularidades y, tercero, fortalecer el área de urbanismo y mejorar las condiciones del funcionariado para dar problema a la lentitud de trámites”. Un problema que, insiste Bernabé, se debe a que nuestro funcionariado está desbordado, especialmente en el área urbanística, carece de los recursos, plantilla y medios materiales suficientes. “La falsa solución de PP-C’s ante la debilidad de la administración es terminar de matarla y privatizarla, desde Cambiemos proponemos lo contrario: cuidarla y cuidar a sus trabajadoras y trabajadores”, asevera el concejal oriolano.
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