Señala que el Gobierno Local ha pagado informes externos que “copian los mismos argumentos empleados” por la adjudicataria
Cambiemos Orihuela ha comparecido hoy para informar de “los últimos pasos de la Comisión Informativa no Permanente relacionada con el ‘caso Hidraqua'”. El grupo municipalista ha denunciado «nuevas maniobras dilatorias del Gobierno Local para ocultar y normalizar la ilegalidad que planea sobre los contratos del agua en el municipio». Esta comisión especial nació en febrero de 2020 a propuesta de PP-C’s, una comisión que Cambiemos entiende como «dilatoria y tramposa». Es más, sostiene que “el Gobierno Local propuso esa comisión justo después de que Cambiemos elevase una propuesta para iniciar la nulidad de los contratos con Hidraqua. Una propuesta que se basaba en el informe emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a petición del Juzgado de Instrucción nº3 de Orihuela (que abrió una investigación). Dicho informe aseveraba que los contratos vinculados al ciclo hídrico en manos de Hidraqua (grupo multinacional Suez) debían ser considerados nulos desde 2008”.
La comisión informativa fue convocada el pasado viernes por Rafael Almagro para analizar los nuevos informes encargados por el Gobierno Local. Cambiemos denuncia que «sospechosamente» todos ellos «repiten» o «asumen» los mismos argumentos de la empresa para plantear que no hay ninguna ilegalidad e incluso que Cambiemos Orihuela tiene mala fe. «El alcalde de Orihuela se está gastando dinero público y gastando energías del Ayuntamiento sólo para proteger a los beneficios de una multinacional que está operando fuera de la ley, al menos desde 2009», asevera Carlos Bernabé.
Javier Gracia, también concejal de Cambiemos Orihuela, ha entrado al detalle de los informes y su valoración: «Es evidente que, al menos, la segunda de las prórrogas, que se hizo en 2004, de los contratos de Hidraqua, es ilegal». El edil señala que, con las informaciones vertidas en la comisión y en la investigación previa, se ha evidenciado que tanto “las prórrogas como las subidas de precios de los últimos años son doblemente fraudulentas”, puesto que “la empresa amortizaba sus inversiones mucho antes de lo que planteaban las prórrogas, cuya duración venía fijada por la empresa, argumentando que esos eran los plazos que necesitaba para amortizar las inversiones”.
«Llama la atención que el Gobierno Local lleve desde 2017 bloqueando la fiscalización de esos contratos; que en 2020, cuando se evidencia su ilegalidad, no haga nada y bloquee nuestras iniciativas y ahora paguen 15.000€ de informes externos, cuyo criterio es muy cercano a los intereses de la empresa», critican.
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