San Miguel de Salinas

Vecinos de San Miguel reclaman un parque de vivienda pública en régimen de alquiler

La violencia de la crisis económica, manifestada en los bajos salarios, el empleo estacional y precario, ha convertido, para un 30 % aproximado de las familias de San Miguel de Salinas, el acceso a la vivienda en un artículo de lujo, en vez de un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Española de 1978.

Ante esta situación, desde hace más de un año, un grupo de más de 50 familias demandantes de viviendas sociales del municipio, acompañado por la asociación de vecinos, se ha dirigido a las diferentes administraciones públicas encargadas de la vivienda (concejal de la vivienda, EIGE y Directora General de la Vivienda del gobierno autónomo) con el objetivo de hacer partícipes a las autoridades de la dramática situación, en la que viven familias del municipio. La respuesta siempre ha sido que no había oferta de vivienda pública y se nos remite, como única salida, a la solicitud de ayudas para el alquiler. Unas ayudas, que se otorgan en concurrencia competitiva, a posteriori y con unos requisitos que restringen el acceso a las mismas a la mayoría de las personas, cuya inscripción hemos gestionado.

La falta de oferta de vivienda pública no es una situación transitoria, sino crónica. Hay familias que están más de cinco años en lista de espera. En San Miguel de Salinas no hay oferta de vivienda pública desde hace más de 35 años. Resulta paradójico y llamativo que, mientras tanto, y es de dominio público, la existencia de centenares de viviendas cerradas desde el estallido de la crisis en el municipio en propiedad de la banca y muchas de ellas en manos entidades públicas como la SAREB o BANKIA. Esta situación es extrapolable al resto del Estado. La media de alquiler social en España es del 1% frente al 18 % en la Unión Europea. En países como Holanda, Austria, Dinamarca o Suecia ese porcentaje es superior al 20%.

La inmediata puesta en circulación de una pequeña porción de las viviendas cerradas en poder de la banca solucionaría el problema de la demanda habitacional en nuestro municipio. Por este motivo, desde la asociación instan a las autoridades públicas a todos los niveles a la creación de un parque de vivienda pública en régimen de alquiler. La cartera de viviendas de este parque estaría formada por la cesión obligatoria en régimen de usufructo de viviendas cerradas en propiedad de la banca.   Como medidas complementarias en este horizonte, para  acabar con la vivienda vacía, ociosa y habitable se debería articular un cuerpo legal con sanciones, impuestos y amenazas de demolición como ocurre en Dinamarca, Alemania o Francia.

Tal como indican desde el colectivo vecinal, “es obligación de las administraciones públicas, como impulsoras y gestoras del bien común, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos básicos, como el de la vivienda, para el desarrollo de una vida digna de todos los ciudadanos y ciudadanas y, de manera especial, para las familias más desfavorecidas”.

1 Comentario

  1. […] militantes de la HOAC de Orihuela-Alicante concentraron a las puertas del ayuntamiento para reclamar la creación de un parque público de viviendas en alquiler en el municipio. Esta movilización lleva ya un año de recorrido, desde que 50 […]

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