La ausencia de hasta seis concejales convocados al pleno extraordinario de este martes 27 ha marcado una sesión que no ha llegado a celebrarse porque el equipo de gobierno no ha contado con la mayoría suficiente para que se aprobara, como cuestión previa al pleno, la urgencia de dicha convocatoria.
De los seis ausentes, salvo la edil de Foro Demócrata, Pepa Ferrando, que no asiste por incompatibilidad laboral, los cinco restantes forman parte del once de un equipo de gobierno que este martes no estaba unido. Por un lado, Miguel Ángel Fernández ha justificado no asistencia por la incompatibilidad que supone que la propuesta presentada por el promotor al Ayuntamiento está firmada por la esposa del concejal en calidad de abogada de Villamartín SL. Por otro lado, la edil Begoña Cuartero, ha asegurado estar de viaje, mientras que Dámaso Aparicio, Sofía Álvarez y Noelia Grao se han excusado por enfermedad.
Con este pleno, el equipo de gobierno pretendía aceptar la modificación de un plan urbanístico (PAU-7) para permitir edificar una promoción de 2.600 viviendas sobre 655.854 metros cuadrados en Orihuela Costa y que ninguna de ellas fuera de Protección Oficial (VPO), como estaba previsto en el proyecto para 650 del total de esas viviendas.
En la Comisión de Urbanismo celebrada ayer, el Partido Popular se mostró a favor de ese cambio, mientras Ciudadanos, el PSOE y Foro Demócrata optaron por la abstención y Cambiemos votó en contra.
Este martes, el voto para decidir si se aprobaba la urgencia del pleno convocado por el alcalde Bascuñana, ha arrojado como resultado que solo el PP ha votado a favor, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y PSOE y Cambiemos han votado en contra. Visto lo cual, el pleno no se ha llegado a celebrar.
¿Urgencia después de dos años?
Esa es la pregunta que se realizaba la oposición en el debate previo al no pleno. La urgencia para cambiar dicho plan urbanístico se debía a que este mismo martes 27 de junio, expira la disposición transitoria de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que exime a los planes parciales o de reforma interior aprobados antes del 28 de junio de 2013 que aún no hayan sido reparcelados -como es el caso del PAU-7- , de construir vivienda de protección oficial.
Desde las filas socialistas, Carolina Gracia ha dicho primero que esta tramitación “genera dudas” al faltar algunos informes que, según ha contestado el alcalde, “no son obligatorios”, calificando de “paripé” el papel y la propuesta del alcalde. Gracia también ha dicho que el Grupo Socialista está a favor de que se construyan más VPO en la zona costera del municipio.
La portavoz de Cambiemos Orihuela, Marta Guillén, ha criticado que en dos años (la propuesta del promotor se presentó en agosto de 2015), “hayan sido incapaces de tomar medidas y también ha acusado personalmente a Bascuñana de “acelerar la maquinaria administrativa para estar al servicio del promotor, y no de los ciudadanos”.
Desde el equipo de gobierno y tras una breve intervención explicativa del nuevo concejal de Urbanismo asegurando que se cuenta con los informes necesarios y alertando sobre la posible responsabilidad del Ayuntamiento ante el promotor, el alcalde ha cerrado el debate asegurando que la documentación de este asunto llegó meses después de dejar él la Concejalía de Urbanismo y que, una vez concluida la tramitación, el equipo de gobierno ha querido dar “una solución con responsabilidad”.
Finalmente, el alcalde ha justificado la tardanza en presentar este asunto a pleno porque los informes de evaluación ambiental llegaron tarde y no eran los precisos. Bascuñana ha levantado la sesión asegurando que “alcaldía ha cumplido con su obligación”, lo que ha generado las risas de la oposición, para continuar aludiendo a las posibles consecuencias “para el Ayuntamiento y para toda la ciudadanía de Orihuela”, ya que el Ayuntamiento se podría enfrentar ahora a una reclamación patrimonial millonaria por parte de la mercantil.
Las ausencias
La no asistencia al salón e plenos de hasta tres concejales “por enfermedad”, Aparicio, Álvarez y Grao, ha motivado a la portavoz socialista, Carolina Gracia, a decirle al alcalde que el asunto “genera dudas hasta en sus propios concejales”, en referencia a los que no habían acudido. Desde Cambiemos, Marta Guillén, lo ha calificado como “una espantada de concejales que también muestra las dudas sobre este plan urbanístico”, además de señalar que algunos ediles “no quieren enemistarse con el promotor en plena guerra interna del PP”.
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