Agentes de la Policía nacional han desarticulado en Torrevieja dos organizaciones de origen nigeriano dedicadas a la trata de mujeres, algunas de ellas menores de edad, con fines de explotación sexual.
Los detenidos controlaban la zona de explotación, donde se repartían los lugares donde las víctimas debían ejercer la prostitución y pactaban los precios a cobrar por los distintos servicios sexuales con el fin de controlar totalmente el negocio. Parte del dinero obtenido era enviado ilegalmente a Nigeria donde una parte se distribuía entre los responsables de las organizaciones y la otra era destinada a la financiación de nuevas operaciones de trata y explotación de mujeres.
La operación policial ha finalizado con la detención de 30 miembros de ambas organizaciones, 18 de los cuales fueron ingresados en prisión sin fianza por orden de la autoridad judicial. Además, los agentes han liberado a 18 mujeres, que estaban siendo explotadas en ese momento, una de ellas una menor embarazada que fue liberada en la frontera de Ceuta, mientras que otra víctima fue rescatada en Guadalajara.
La investigación comenzó hace más de un año en Málaga tras la denuncia de una mujer de origen nigeriano, quien relató cómo había sido captada en su país de origen y traída hasta España, donde la habían obligado a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída por los gastos del viaje.
La organización estaba liderada por cinco mujeres y cada una de ellas controlaba a su propio grupo de víctimas en el ejercicio de la prostitución, compartiendo, incluso, a algunas de las mujeres explotadas. En el momento de las detenciones, una de ellas, que residía habitualmente en Reino Unido, se encontraba en Torrevieja viviendo en una caravana, con la finalidad de controlar a una de su víctimas, de tan solo 16 años, a la que habían convencido para que se fugase de su familia de adopción con la que vivía en Francia.
Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución todos los días de la semana, desde las siete de la tarde hasta primera hora del día siguiente. Además eran sometidas a todo tipo de agresiones y vejaciones, llegando una de las proxenetas a amenazar de muerte a una de las víctimas en presencia de los policías en el momento de la detención, si se atrevía a denunciarla.
La trama contaba con una red de alojamientos en los que mantenían a las víctimas bajo el más absoluto control, incluso en los lugares en los que ejercían la prostitución.
La red disponía de un grupo de personas dedicada a gestionar nuevas operaciones de captación y traslado para explotar sexualmente a nuevas víctimas y contaban con especialistas en sacar de España los beneficios obtenidos de la explotación sexual de las víctimas y de hacerlo llegar a Nigeria. Para ello utilizaban una tienda de productos africanos de Torrevieja, donde hacían entregas de dinero para que otros lo transportasen hasta Nigeria oculto entre sus pertenencias, y desde el Corredor del Henares, en Madrid, ocho personas recibían el dinero y lo ingresaban en determinadas cuentas bancarias, o lo custodiaban a la espera de su envío a Nigeria. Para sacar el efectivo de España usaban también a compatriotas suyos que viajaban a Nigeria transportando el efectivo entre su equipaje.
Una vez que el dinero llegaba a Nigeria, una parte era distribuida entre los responsables de la organización y con el resto se financiaba nuevas operaciones de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Las cantidades de dinero que manejaban eran importantes, llegando a detectarse movimientos superiores al millón de euros.
Si desobedecían sus órdenes y no obtenían el dinero suficiente por sus servicios sexuales, las castigaban a alimentarse exclusivamente de pan y eran sometidas a rituales vudú en los que tragaban agua sucia con arena o tenían que caminar desnudas por los patios de las casas en las que residían. También eran coaccionadas para no denunciar su situación a la Policía bajo amenazas de muerte.
Entre las dos organizaciones, tenían totalmente controlado el negocio de la prostitución de origen nigeriano en la vía pública de Torrevieja.
La investigación ha durado más de un año y se ha desarrollado en diferentes localidades, puesto que las organizaciones trasladaban a las víctimas por todo el territorio nacional para evitar su localización por la Policía
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