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Ciudadanos solicita a la Generalitat que no discrimine en asuntos de familia a usuarios de los Juzgados de Orihuela y Torrevieja

El Grupo Municipal de Ciudadanos llevará al Pleno de Orihuela de este mes de mayo, una moción para que se inste a la Generalitat Valenciana a ampliar el servicio de asistencia psico-social a los juzgados de primera instancia de Orihuela y Torrevieja, un servicio prestado a través de los gabinetes formados por psicólogos y trabajadores sociales que los integran, adscritos a los Juzgados de Familia en otros partidos judiciales como el de Alicante.

“Se trata de reclamar que no se discrimine a los ciudadanos de la Vega Baja que tienen que pasar por un Juzgado en un asunto tan delicado como un pleito de familia. Un divorcio, una disputa sobre custodia de menores, por ejemplo, donde se hace necesario un peritaje o un informe de la situación social y psicológica de los padres y los menores para que el juez decida”, ha referido López-Bas, concejal portavoz de la formación Ciudadanos en Orihuela.

Según López-Bas, en Alicante los ciudadanos que acuden a un Juzgado de Familia cuentan con este servicio de manera directa y gratuita, a cargo de la Administración autonómica, mientras que en Juzgados de Primera Instancia como en Orihuela o Torrevieja, en caso de necesitarse este tipo de informes, los mismos son elaborados a petición de parte y previo pago de los honorarios profesionales de los peritos designados por el Juez, “que no suelen bajar de los 1.000.- € en casos normales”, como ha señalado el portavoz de Ciudadanos en Orihuela.

En un tema tan sensible como una controversia familiar, entiende esta formación que no es admisible que se discrimine en su trato a los ciudadanos de la Vega Baja frente a los de la capital de la provincia, por ejemplo, que disponen de ese servicio adscrito a los Juzgados de Familia, y no así en esta comarca, donde los juzgados de Orihuela y Torrevieja carecen del mismo. “Es un tema de mera justicia que se nos trate por igual a quienes acuden a un proceso de familia por parte de la Administración, sobre todo cuando se trata de informar o asesorar al Juez que tiene que decidir sobre algo tan delicado, cuando ello conlleva, en el caso de quienes viven en la Vega Baja, un coste adicional tan alto”, según el edil.

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