La modificación del Plan de Actuación Urbanística 7 de Orihuela Costa se va a someter de forma inminente a información pública, después de que Conselleria, a través de la Comisión de Evaluación Ambiental, aprobara dicha modificación consistente en liberar 650 viviendas que eran de protección oficial. Este cambio, contemplado en la actual ley territorial, LOTUP, prevé la posibilidad de desvincular la exigencia de que el 10% del aprovechamiento urbanístico sea VPO.
En esta misma resolución de Conselleria se exponen diversos motivos por los cuales el ente público establece posibles efectos perjudiciales para el municipio. En primer lugar, puesto que cuando se aprobó dicho plan la ley no lo exigía, no fue objeto de evaluación ambiental, de forma similar a como ocurrió con Cala Mosca. Sin embargo, existen informes posteriores que alegan que este espacio debe ser conector ecológico forestal y que deben evaluarse los riesgos de inundación; y que además podría afectar a la ZEPA de Sierra Escalona y a las poblaciones de águila y búho real. También existe un informe de 2015 de la CHS que señala que no existen recursos hídricos suficientes para satisfacer las futuras demandas de este entorno urbanístico.
Esta circunstancia, que propone urbanizar más de 650.000 m2, unido a la vigente tramitación del PAU 5, situado también en la costa oriolana, y que ocupa una extensión de más de 1.425.000 m2, estaría superando las previsiones urbanísticas para los próximos años, según establece la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Esto, en palabras la edil Marta Guillén, significa que “cuando se aprueben ambos planes se habrá comprometido el desarrollo urbano de la ciudad de Orihuela para los próximos 20 años, y no vamos a poder ampliar la superficie de suelo urbano allí donde sea necesario, como en el casco o las pedanías”.
El pasado martes 10 de Enero, un proyecto de ordenación pormenorizada relativo al PAU 7 fue a Junta de Gobierno Local. Dicho proyecto quedó sobre la mesa previsiblemente a la espera de la aprobación de la modificación del PAU 7 que contempla la liberación de las 650 viviendas de VPO. Según Guillen, “este movimiento, cuya responsable de área es Begoña Cuartero, responde a una voluntad por parte del promotor, Villamartín S.L. de la familia Pedrera, de no verse sujeto a la construcción de VPO y poder obtener un mayor beneficio económico contra los intereses sociales”.
Este plan urbanístico contempla la construcción de 2570 viviendas, que unidas a las 1500 que también se pretenden construir en Cala Mosca, supone que desde el equipo de gobierno municipal se estaría dando vía libre a la construcción de más de 4000 viviendas. Las consecuencias de esta deriva urbanística, según la edil de Cambiemos es “una sobresaturación de la carga urbanística del territorio, sus infraestructuras y servicios, en un entrono con graves problemas en este sentido. Se está profundizando así en un modelo económico que es pan para hoy y hambre para mañana, engordando una nueva burbuja inmobiliaria 2.0 que tendría efectos devastadores para la economía local. Este circunstancia no debería promoverse desde las instituciones públicas, que han de ser garantes de los intereses generales y no solo de los promotores urbanísticos”.
Conselleria, mediante esta actuación de modificación del PAU 7, pese a señalar los importantes efectos negativos que esta acción urbanística tendría sobre el municipio, traslada la responsabilidad al consistorio municipal de evaluarlos y desarrollarlos. Guillén denuncia que “en este juego de pasarse la pelota entre administraciones, la Generalitat se exime de responsabilidades y el Ayuntamiento se escuda en la administración autonómica para seguir adelante con el proceso. Mientras, los que pierden son los vecinos y vecinas de Orihuela”.
Desde Cambiemos Orihuela, a través de su edil Marta Guillén, expresan la necesidad de que exista voluntad política por parte de ambas administraciones para estudiar en profundidad los efectos negativos que el desarrollo de esos planes urbanísticos tendrá sobre nuestro territorio, nuestra economía y el tejido social. A su vez la concejala ha señalado la responsabilidad del alcalde Emilio Bascuñana “quien, protegiendo a promotores y empresarios, está dando la espalda a los vecinos y vecinas de Orihuela que no podrán disponer de espacios para construir en centro y pedanías”.
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